Acceso colegial
01 / 10 / 2024 La nueva propuesta de regulación de la Vivienda Vacacional, «inaceptable»
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha expresado su más enérgica protesta ante el hecho de que las recomendaciones y aportaciones que hicimos al anteproyecto de Ley para la regulación de la vivienda vacacional en las islas no hayan sido tomadas en cuenta en el nuevo texto de la ley que el Gobierno de Canarias pretende aprobar en octubre. Una vez más, se legisla en contra del propietario privado, ignorando las realidades y necesidades de aquellos a quienes representamos.
Lamentamos profundamente que se siga actuando de espaldas a los profesionales que, desde nuestra posición, tenemos un conocimiento directo y claro de la problemática que afecta tanto a la convivencia entre propietarios como a la oferta de viviendas en alquiler. Es inaceptable que la propuesta del Ejecutivo se limite a cargar la responsabilidad de la escasez de viviendas en el mercado de alquiler a los propietarios privados, cuando es evidente que la causa de este problema recae en la inacción y el sesgo político de las administraciones públicas.
Es especialmente preocupante que no se esté legislando para buscar un equilibrio en la convivencia entre las viviendas vacacionales y las residenciales. Esta falta de regulación está generando conflictos en las comunidades de propietarios, sin que se les otorguen herramientas suficientes para poder gestionarlos. Consideramos que es fundamental dotar a los administradores de fincas y a las autoridades competentes de los mecanismos necesarios para controlar y, si es preciso, eliminar aquellas actividades de alquiler vacacional que perjudiquen la convivencia y alteren el bienestar de los vecinos.
Desconfianza de los propietarios
Además, es imperativo señalar que la falta de seguridad jurídica, derivada de la proliferación de inquiokupas y okupas, ha retraído considerablemente la oferta de viviendas disponibles para alquileres a largo plazo. Los propietarios se ven desprotegidos frente a esta problemática y, lamentablemente, no se está legislando en absoluto para cambiar este hecho determinante, que ha generado un clima de desconfianza que afecta directamente al mercado del alquiler.
Es esencial que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios que alquilan sus viviendas. Además, el Gobierno debe asumir su obligación de construir viviendas sociales y desbloquear las licencias de obra nueva, ya que la excesiva burocracia y la falta de acción son las verdaderas culpables de que no se construyan las viviendas que tanto se necesitan. Nos encontramos ante una situación vergonzosa en la que la lentitud de los procesos administrativos está afectando directamente a la creación de nuevas viviendas.
No es responsabilidad de los propietarios la falta de viviendas en el mercado de alquiler a largo plazo, sino de una Administración pública que ha fallado en gestionar adecuadamente los recursos disponibles y en fomentar políticas efectivas para la promoción de la vivienda. Desde este Colegio, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los propietarios y exigimos que nuestras voces sean escuchadas en este proceso legislativo.