Vacacional: El Colegio defiende el derecho de los propietarios sobre sus viviendas y de los usuarios a elegir alojamiento

09 / 04 / 2024 Vacacional: El Colegio defiende el derecho de los propietarios sobre sus viviendas y de los usuarios a elegir alojamiento

Tras la publicación del anteproyecto de ley para la regulación del alquiler vacacional en Canarias, y al margen de las alegaciones precisas que presentará el Colegio al texto presentado, los administradores de fincas tinerfeños nos pronunciamos a favor del derecho del propietario sobre su vivienda, así como en favor del derecho a elegir dónde prefieren hospedarse los turistas que nos visitan y los residentes en las islas.

El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, como gestores y representantes de los propietarios, defendemos el derecho a decidir sobre su vivienda, a elegir y desarrollar una actividad u otra, así como el derecho del propietario que no quiere que en su comunidad se ejerza la actividad, aplicando las normativas legales previstas.

Los administradores de fincas hemos defendido los intereses de todas las partes implicadas, y nos hemos pronunciado a favor de controlar el alquiler vacacional, regularlo, establecer condiciones, como deciden hacer las comunidades. Pero la futura ley no regula, sino que prohíbe o restringe la actividad. Además, limita el derecho de los usuarios a elegir qué tipo de alojamiento quieren consumir, que no tiene por qué ser un hotel. Y no va a resolver el problema del alquiler en las islas.

También parece tener visos de inconstitucionalidad por vulnerar competencias municipales y exclusivas del Estado.

Aportaciones a la regulación

El Colegio de Administradores de Fincas ha pretendido siempre buscar soluciones al problema de la falta de vivienda en alquiler habitual, así como a los problemas de convivencia que pudieran surgir en el desarrollo del alquiler vacacional. Así lo ha hecho en las diversas ocasiones en que ha presentado aportaciones desde nuestra posición de profesionales especialistas en vivienda, y como colectivo interesado en mejorar la regulación del alquiler vacacional en las islas. Y lo hizo también cuando se sometió a información pública el borrador del anteproyecto de ley de regulación de la vivienda vacacional.

Pero nos hemos encontrado con que el Colegio no fue invitado a la reciente reunión de la Consejería de Turismo para informar de la normativa a colectivos afectados.

Somos los oídos de los propietarios, gestionamos las comunidades en las que se desarrolla la actividad, hemos hecho aportaciones y ahora nos obvian, cuando siempre hemos hecho propuestas concretas de regulación del alquiler vacacional. De hecho, ofrecimos en su día ser colaboradores en la fiscalización de los establecimientos vacacionales. Es decir, nos ofrecimos a ayudar a controlar el posible mal uso del alquiler turístico en las comunidades que gestionamos. Cuando hay también un intento de demonizar la actividad y presentar hechos aislados, como ocurre en cualquier actividad, como representación de la actividad (casetas, infraviviendas, etc.).

Los administradores de fincas tinerfeños vemos que, lejos de solucionar la situación de las personas que aspiran al alquiler residencial, se va a provocar la próxima crisis del ladrillo usado, porque el propietario querrá vender ante las condiciones que se quieren imponer.

Por otra parte, el sector hotelero se ha erigido en defensor de los ciudadanos como inquilinos, con la excusa de la falta de vivienda. Si tanto les preocupa el usuario de la vivienda vacacional y el inquilino, deberían apoyar la ecotasa. O podría plantear poner sus propios recursos de alojamiento para su personal, aquellos de los que disponía hace unos años y que transformó en más habitaciones hoteleras.

Conflictividad en las comunidades

En definitiva, parece claro que se trata de beneficiar exclusivamente al sector hotelero, y se va a perjudicar al mercado vacacional y desalentar al inversor.

Es evidente que se hace un blindaje en perjuicio de unos y en beneficios de otros, que no son los propietarios, que van a ver devaluadas sus viviendas. Y se elimina la competencia.

Además, es previsible una mayor conflictividad en las comunidades. Por ejemplo, la consulta a los vecinos para permitir el alquiler vacacional. Sobre esto ya se han pronunciado el Tribunal Supremo, en cuanto a la prohibición (solo si se recoge en los estatutos), y la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ratificó la mayoría de 3/5 para regular la actividad.

Finalmente, los administradores de fincas estamos convencidos de que la mejor opción para poder tener más viviendas en el alquiler residencial es contar con una ley que dé seguridad jurídica a los propietarios, y ofrecer avales para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda.