10 / 02 / 2014 “Si no se garantiza presión y caudal no se puede cobrar por las instalaciones contraincendios”

El Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife argumenta en favor de Colegio Territorial de Administradores de Fincas en su queja por el cobro de los contadores del agua de las instalaciones contraincendios y asegura que muchas de ellas, de edificios antiguos, son instalaciones obsoletas.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 2014. El Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife ha asegurado al Colegio Territorial de Administradores de Fincas (CAF) de la provincia tinerfeña que no existe una red de incendios separativa para los edificios urbanos en la capital tinerfeña, y que las instalaciones, principalmente en edificios antiguos, están obsoletas por falta de mantenimiento o por inadecuación a la normativa vigente respecto del proyecto inicial. Asimismo, el Colegio de Ingenieros Industriales tinerfeño señaló a una representación de la Junta de Gobierno del CAF tinerfeño que este tipo de instalaciones, con conexión directa a la red exterior de suministro de agua y destinadas a sofocar el fuego en los primeros momentos en que se pueda declarar un incendio en el inmueble, exigen garantizar determinada presión y caudal, aspecto que no cumplen las compañías suministradoras de agua.

Esta declaración apoya la tesis del CAF tinerfeño en cuanto a que no se debería cobrar a las comunidades por los contadores de agua de instalaciones contraincendios que no consumen agua excepto en caso de incendio y sobre las que no hay ningún tipo de control, mantenimiento o garantía de un correcto funcionamiento en caso de ser necesario su uso, en contra de lo que sostiene la empresa del agua Emmasa con el respaldo de una normativa que atañe al Ayuntamiento capitalino modificar.

Este fue uno de los principales asuntos abordados en una reunión mantenida el pasado miércoles en el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, a la que asistieron el decano del COIITF, Juan Linares Feria: el vicedecano, Manuel González; el director gerente, Alejandro González, y el colegiado José Manuel Pinto. Mientras que la delegación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas tinerfeño estuvo encabezada por su presidente, Jesús Oliva, a quien acompañaban los miembros de su Junta Antonio Guadalupe, vicepresidente; Fernando Muñoz, este último también secretario general de Unión Profesional de Canarias (Upcan), y Víctor Hernández, director gerente de Upcan. Hay que reseñar que la cita fue propiciada por la asociación intercolegial, a raíz de las dudas expresadas por el CAF por el cobro de una tarifa aplicada a los contadores del agua contraincendios en la capital tinerfeña, y que los administradores colegiados de fincas consideran abusiva para los intereses de las comunidades que gestionan.

En el encuentro, los ingenieros industriales estuvieron de acuerdo con la visión del CAF de Tenerife sobre lo poco pertinente que parece cobrar por un elemento que no tiene uso y que es parte de una instalación a la que, la mayoría de las veces, no se hace mantenimiento. Pero más allá de esto, los máximos representantes del COIITF argumentaron que Emmasa no debería cobrar por una red de incendios que no es tal y que incumple el requisito de garantía de presión y caudal. “Es sólo de una red de abastecimiento”, sentenciaron.

Por otra parte, los Ingenieros Industriales advirtieron de que sólo con un proyecto adecuado a las características del edificio y en el caso de que éste disponga de depósito, entre otros requerimientos, se podría reducir el calibre del contador del agua de estas instalaciones, pasando del más generalizado, de 50 mm, a otro de 13mm, como medida para rebajar la factura que pagan las comunidades a Emmasa, cercana a los 2.000 euros anuales. No obstante, el presidente de CAF Tenerife, Jesús Oliva, matizó que el empeño es reducir la tarifa, no la capacidad de la red conectada al contador.

Tras lo expuesto, ingenieros y administradores se mostraron de acuerdo en un problema de fondo, que es la falta de mantenimiento de los edificios, de modo que las instalaciones van quedando obsoletas y sin poder cumplir su objetivo de seguridad de bienes y personas.

Precisamente, la alta representación del COIITF se mostró “totalmente de acuerdo” con la opinión del CAF tinerfeño contraria a conceder moratorias a la Inspección Técnicas de Edificios (ITE) y sobre la ineficacia de las ITE en edificios de más de 50 años, como indica la normativa en Santa Cruz, puesto que pasado ese tiempo los propietarios suelen ser ya personas de avanzada edad, con grandes dificultades para asumir las obras.

No obstante, el decano de los ingenieros industriales se mostró tajante en exigir a las comunidades el cumplimiento de la legislación en lo que se refiere al estado de los edificios y sus instalaciones, “porque la garantía de seguridad se tiene que anteponer a todo”.

Potencia eléctrica: estudiar cada caso y buscar alternativas

También se abordó en este encuentro la cuestión de la reducción de la potencia eléctrica contratada para intentar reducir la factura de la luz en los hogares y comunidades, una recomendación que el CAF tinerfeño teme que lleva a falsas expectativas. Los expertos del COIITF confirmaron que “habría que estudiar cada caso”, y recomendaron hacer un seguimiento del consumo y hábitos de los vecinos para conocer las necesidades reales en cada comunidad. En todo caso, recordaron que hay sistemas alternativos de control de este gasto, efectivos y baratos, como la discriminación horaria en el uso de aparatos eléctricos o dispositivos que ponen en funcionamiento los electrodomésticos a partir de determinadas horas.

Como no podía ser de otra manera, la futura Ley de Servicios Profesionales también suscitó el pronunciamiento unánime de ambos colegios, contrario a la doctrina de la nueva normativa, que ya anuncia la injerencia del Gobierno en asuntos que son propios de los Colegios Profesionales y hace temer, incluso, un incremento de causas judiciales por “cosas mal hechas”. Ingenieros Industriales y Administradores de Fincas defendieron la autonomía de los colegios, la garantía en los servicios que prestan a la Sociedad los profesionales colegiados y el cobro de cuotas en función de los servicios que se prestan.