11 / 07 / 2013 Los administradores de fincas se ofrecen a gestionar la Bolsa de Vivienda paralizada por el Gobierno

Aseguran que pueden realizar el mismo servicio que Provivienda a un coste prácticamente cero

Ante la suspensión del servicio de gestión del alquiler de la Bolsa de Vivienda por parte del Gobierno de Canarias, los administradores de fincas reiteran su ofrecimiento para hacerse cargo del mismo a un coste prácticamente cero para las arcas públicas de la comunidad.

A principios de año, y con la intención de ahorrarle dinero a los ciudadanos canarios, este colectivo ya expresó su disposición a gestionar los programas Bolsa de Vivienda Joven y Bolsa de Vivienda Vacía, que desde 1998 el Gobierno de Canarias había adjudicado a la asociación Provivienda y que, en los últimos dos años, supuso un desembolso de 5,1 millones de euros.

Con este fin, el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife solicitó una entrevista con la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, que nunca llegó a producirse. Al respecto, sí se mantuvo un encuentro con la directora del Instituto Canario de Vivienda, Sulbey González, a la que se le mostró la predisposición del Colegio, también sin resultados.

Ahora, ante la no renovación del contrato con Provivienda, los profesionales de la gestión y administración inmobiliaria consideran que es el momento indicado para hacerse cargo de los programas, y evitar así la desaparición de la Bolsa de Vivienda Joven y de la Bolsa de Vivienda Vacía.

Los administradores de fincas pueden dirigir las bolsas de vivienda desde sus oficinas y dentro de sus servicios profesionales habituales, lo cual no solo supondrá un ahorro de millones de euros para el Gobierno de Canarias sino que acabará con la “competencia desleal hacia los administradores” que suponía la contratación de este servicio con una empresa foránea, como Provivienda.

Los administradores de fincas mantienen así la mano tendida al Gobierno canario para ayudarle a dar continuidad, pese a los recortes presupuestarios, a este importante servicio público que ayuda a los jóvenes de entre 18 y 35 años a acceder a una vivienda en alquiler y a los propietarios a poner en el mercado las viviendas desocupadas que forman parte de su patrimonio.