25 / 09 / 2013 Los administradores de fincas colegiados apoyan las alegaciones de UP al Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales

La supresión de la colegiación en algunas profesiones reduciría el PIB en más de 3.000 millones de euros

Según el estudio realizado por Unión Profesional, se calcula que la falta de control al suprimir la colegiación en las profesiones afectadas por el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales tendría un impacto negativo en la economía del país en este momento y en el futuro. Este impacto negativo se produciría sobre la principales variables macroeconómicas: PIB, consumo, inversión, exportaciones e importaciones, de tal modo que, según datos extraídos del INE, Banco de España y de estudios basado en el mercados de servicios profesionales, los impactos estimativos en un periodo de 5 años sobre las variables económicas ante la supresión de la colegiación en las profesiones afectadas serían:

Consumo: reducción de 1.241,52 millones de €.
Inversión: caería en 1.829,30 millones de €.
Saldo comercial –diferencia entre exportaciones e importaciones: 246,86 millones €.
PIB: La suma de todas estas cifras haría caer el PIB en 3.317 millones de €

Estos datos, que han formado parte de las alegaciones presentadas por Unión Profesional-UP-, ante el Ministerio de Economía y Competitividad contra el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, exponen, además, que el subsector de servicios prestados por las profesiones colegiadas con su actual regulación es un factor de crecimiento estabilizador de la economía española.

Tal y como se desprende de diferentes instituciones como Analistas Financieros Internacionales –AFI-, las actividades profesionales tienen un patrón de crecimiento propio, de tal modo que cuando la economía española ha experimentado ligeros crecimientos, el subsector de las profesiones tuvo un papel protagonista en ellos. Y de igual modo, cuando una economía se encuentra en recesión, como la española, entre las causas de esta caída no se encuentran las actividades profesionales. Es más, según datos del INE, al día de hoy las sociedades mercantiles cuya actividad principal son las actividades profesionales suponen un porcentaje del 13,96%, dato muy relevante sobre el resto de las actividades económicas.

DESPROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, estos datos demuestran, una vez más, “la importancia económica y social de las profesiones actualmente colegiadas en España. No se trata de una defensa numantina de la colegiación de las profesiones actuales en beneficio exclusivo de sus integrantes, sino todo lo contrario. A las profesiones colegiadas, entre ellas la de Administrador de Fincas Colegiadas, les preocupa, y mucho, la desprotección en la que quedarían los consumidores y usuarios en materias jurídicas, sanitarias, técnicas, científicas, económicas o sociales”.

El CGCAFE ha realizado, recientemente, un estudio del impacto económico, social y laboral que la actividad profesional de Administrador de Fincas Colegiado representa en nuestro país. Los datos obtenidos en dicho Informe corroboran que los Administradores de Fincas Colegiados generan más 15.000 empleos directos y 86.000 empleos vinculados a la actividad, lo que supone el 2,7% del empleo de las profesiones colegiadas en España. Igualmente, generan 2.625 millones de euros para la economía española, y el volumen económico gestionado anualmente supera los 40.000 millones de euros.

Pero no solo se trata de una actividad con un claro componente económico sino que es, además, una profesión que garantiza los derechos de consumidores y usuarios y, en concreto, uno de los reconocidos en la propia Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. No en vano los Administradores de Fincas han trabajado para mejorar las condiciones de habitabilidad, sostenibilidad, seguridad, movilidad y accesibilidad en los edificios. Así, se ha contribuido a que se rehabiliten el 82% de las fachadas de edificios en toda España, facilitando el desarrollo de la reglamentación municipal correspondiente. Se ha luchado, al máximo, para que se instalen más de 24.000 ascensores en las comunidades de propietarios, beneficiando los derechos de las personas con discapacidad para su total inserción social, y lograr reducir los conflictos vecinales gracias a la actividad profesional mediadora.

El CGCAFE quiere manifestar su adhesión a las alegaciones presentadas por UP el día 23 de septiembre, fecha en que finalizaba el plazo para la presentación de las mismas contra el Anteproyecto de Ley, porque, además, y como se establece en dichas alegaciones, mediante la colegiación se puede ordenar y controlar el ejercicios de los profesionales, y, por tanto, defender con independencia los derechos de los usuarios y consumidores, y de la sociedad en general. Si no existiera la colegiación, no se podría ejercer ese control de la actividad de los profesionales, lo que abriría la puerta a la degradación de los servicios profesionales.