05 / 12 / 2017 La accesibilidad universal en los edificios, un derecho pendiente en Canarias

El CAF tinerfeño subraya la falta de capacidad económica de las comunidades y la escasez de ayudas públicas, junto con las dificultades técnicas, para incumplir el objetivo previsto antes del próximo 4 diciembre. ción en 2018.

El próximo año va a estar plagado de eventos, que fue desgranando el presidente de la Comisión del 50 Aniversario, José Domingo López de Vergara. Entre ellos el II Día del presidente de Comunidad y el III Encuentro en Canarias de Administradores de Fincas, que está previsto celebrar en la villa de Garachico. Asimismo, se van a convocar distintos premios, se va a desarrollar un proyecto escolar, habrá conferencias culturales, y un largo etcétera, lo que conlleva una enorme ilusión y trabajo que nos va a tener muy ocupados durante todo el año.

En esta ocasión nos acompañó en la cena de Navidad la directora general del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, María del Pino León Hernández, quien subrayó la importancia de nuestro Colegio y de los administradores de fincas para comunicar a la sociedad las políticas de su área y las diversas ayudas, en especial las dedicadas a rehabilitación.

Posteriormente, se procedió a la entrega de los certificados que acreditan la formación anual de los colegiados tinerfeños y se dio pasó al baile y a un divertido fotomatón que se convirtió en el centro de la fiesta.El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife considera que sin ayudas económicas, que crezcan en número y en montante, y otras medidas que supongan un impulso real a la accesibilidad universal en los edificios, difícilmente se podrá hacer realidad este objetivo que debía cumplirse antes del próximo 4 de diciembre. Y no será así ni en las islas ni en el resto del país.

Según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, el 77 % de los edificios no ha eliminado las barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso supone que, de un total de 9.814.785, solo el 23 % son accesibles (2.257.400 edificios). Hay que decir que de este porcentaje, el 2 % de las fincas poseen un acceso desde la calle al portal que cumpla con los criterios de accesibilidad universal, lo que supone 196.295 edificios.

Hay que tener en cuenta que, en España, la mayor parte de los edificios fueron construidos entre los años 1950 y 2001, en que se edificaron algo más del 70 %, y solo un 12,0 % son viviendas construidas a partir del año 2002. Así que la accesibilidad de los edificios construidos entre 1950 y 2001 es del 23 %, y la de los construidos a partir del año 2002, es de 22%.

De estos datos se deduce que una de las razones más importantes por las que no se procede a la supresión de barreras arquitectónicas es la imposibilidad técnica de realizar las obras por las características del propio edificio, motivo al que hay que añadir lo dispuesto en la propia Ley de Accesibilidad en cuanto a los “ajustes razonables”. Esto es, el coste de las obras no podrá exceder de lo equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontando las ayudas públicas a las que se tenga derecho. (Con la opción de que el exceso de gasto sea asumido por quien hace la propuesta de accesibilidad).

No obstante, los administradores de fincas colegiados valoran el aspecto económico y la incapacidad de las comunidades para acometer las obras como el factor más importante. De hecho, la mayor parte de las comunidades de propietarios han realizado las obras de accesibilidad con medios propios (alrededor del 78 %), a la espera de recibir, posteriormente, el importe de las subvenciones correspondientes, porque éstas solo se dan una vez realizadas las obras.

Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), “hace falta una mayor sensibilización social para que el derecho a la accesibilidad universal sea un hecho, y al mismo tiempo, hay que simplificar el panorama legal y hacer leyes que se puedan cumplir. Los administradores de Fincas colegiados proponemos, también, que las obras de accesibilidad tengan deducciones en los impuestos que son aplicables, y que el importe de las licencias de obra sea mucho menor”.

También propone la posibilidad de establecer un fondo de liquidez acumulativo, que generaría rapidez en la tramitación de las ayudas y un bajo coste de gestión, “porque no sería un gasto, ni generaría un déficit en las administraciones públicas, porque los recursos serían acumulativos, volverían al Estado y servirían para financiar nuevos proyectos”.

Por su parte, los administradores de fincas colegiados de la provincia tinerfeña subrayan la importante labor de concienciación que han llevado a cabo a lo largo de 2017 en la ciudadanía sobre lo importante que es adaptar los edificios para las personas con dificultades de movilidad. “Y que esta es una prioridad, como pueden ser otras obras en el edificio”, destaca la presidenta del CAF tinerfeño, Carmen Suárez.

En este sentido, avanza que en unos días se va a hacer pública una campaña informativa dirigida a las comunidades de propietarios, que consiste en una guía con medidas para mejorar la accesibilidad de los edificios, y que cuenta con la colaboración del CAF tinerfeño, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y Sinpromi.

Recordar por último que el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece que en las viviendas en régimen de propiedad horizontal –comunidades de propietarios- se deben realizar las obras necesarias para que las personas con discapacidad puedan usar los elementos comunes. Fundamentalmente, las comunidades de propietarios deben instalar rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble antes del 4 de diciembre de 2017.