14 / 06 / 2017 El letrado Manuel Martín lamenta la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Santa Cruz para resolver el conflicto de los contadores contraincendios

El abogado Manuel Martín, y con él los administradores de fincas colegiados de la provincia tinerfeña, lamentan la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Santa Cruz para modificar la tarifa y el reglamento en los que se ampara Emmasa/Sacyr para el cobro a las comunidades de las cuotas por el supuesto servicio y por el contador de agua de la instalación contraincendios.

El letrado apuntó a que sería posible “alejarse del debate jurídico sobre si es legal este cobro o no”, si por parte del Ayuntamiento se estableciera cobrar una tarifa única o un mínimo de servicio por contador, conforme a la realidad de la instalación contraincendios, que está destinada a ser usada solo en caso de incendio del inmueble.

Los administradores de fincas colegiados, interesados en aliviar a las comunidades de este pago que consideran injustificado, compartieron el parecer del abogado en cuanto a la falta de voluntad del Ayuntamiento por resolver un conflicto que se ha planteado en varias ocasiones en reuniones con las partes, sin llegar a un acuerdo, y que prueba la falta de respuesta a sus propuestas de cambios en la ordenanza municipal que hicieron llegar a los responsables municipales hace más de un año.

Manuel Martín intervino el pasado viernes en un curso de formación en el CAF tinerfeño, en el que explicó la situación de las demandas presentadas contra Emmasa/Sacyr por el cobro de cuotas por el supuesto sistema contraincendios (ya que no se garantiza el servicio ni el suministro, y tampoco hay mantenimiento), y recordó que el conflicto judicial comienza con la privatización de la empresa del agua en 2011. A partir de esa fecha pasa a cobrarse por un concepto que hasta entonces no se pagaba y que no se contempló tampoco en el pliego de compra venta.

Manuel Martín se refirió a la inseguridad que supone para las comunidades responder a las demandas por impago que interpone Emmasa/Sacyr a tenor de las distintas sentencias que ha habido en los juzgados. Y precisó que la mayoría de los casos juzgados en primera instancia han concluido con sentencias favorables a las comunidades y, posteriormente, ocho sentencias de la Audiencia Provincial a los recursos presentados también dan la razón a las comunidades. Pero existen también un total de tres sentencias a favor de Emmasa, que precisamente se basan en la existencia de la normativa municipal para dictaminar la legalidad del cobro.

El abogado explicó que lo que menos preocupa a Emmasa/Sacyr son las demandas judiciales de algunas comunidades, puesto que más de un 70 por ciento siguen pagando los recibos por este concepto. Esto asegura por sí mismo a la empresa unas entradas millonarias anualmente que compensan con mucho la cuantía que deja de percibir de las comunidades que llegan a pleitear contra la empresa del agua.

En este contexto, el abogado indicó que sólo una sentencia del Tribunal Supremo puede clarificar esta situación, aunque es fácil deducir que a Emmasa/Sacyr no le interesa que se pronuncie el alto tribunal. De hecho, recientemente retiró su recurso ante el Tribunal Supremo, en un cambio de estrategia ante la posibilidad de que el fallo fuera en contra de sus intereses.

Hay que tener en cuenta que una sentencia que estimara lo impropio del cobro, derivaría en un aluvión de demandas por parte de las comunidades que han venido pagando una tarifa que no aparecía en la normativa, y que hoy por hoy no se atreven a contestar por falta de recursos económicos y por las distintas valoraciones que hace la justicia.

Según la valoración de un colegiado del CAF tinerfeño, “la realidad es que con los 4 ó 5 millones de euros que están pagando las comunidades, sin tener que hacerlo, están respondiendo a las promesas de inversión que ha hecho Sacyr, puesto que en cinco años le habrán salido gratis las inversiones, que habrán abonado las comunidades de propietarios”.

A esta formación siguió la intervención de los técnicos Roberto Carlos Álvarez y Juan Pablo Gil, sobre la adaptación de las instalaciones eléctricas de las comunidades. Presentó el acto el administrador de fincas colegiado Juan Setién.