El 64,71 % de los administradores de fincas de la provincia tinerfeña tiene alguna propiedad ocupada ilegalmente entre las comunidades que gestiona

El 64,71 % de los administradores de fincas de la provincia tinerfeña tiene alguna propiedad ocupada ilegalmente entre las comunidades que gestiona

La Comisión de Defensa de la Propiedad Privada del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife presenta las conclusiones de una encuesta entre los colegiados de la provincia.

Una cuarta parte de los colegiados con problemas de ocupación en sus comunidades indica que más del 20 % de las propiedades lo están por personas relacionadas con actividades delictivas.

Presentamos las conclusiones de la encuesta realizada en 2021 entre los colegiados y colegiadas del Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y llevada a cabo por la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada. Esta Comisión se constituyó para abordar la preocupación creciente por la ocupación ilegal de viviendas en las comunidades que gestionamos, por lo que este estudio se enmarca en la necesidad de conocer primero la realidad del fenómeno, su alcance en nuestra provincia y cómo afecta a la labor profesional de los colegiados.

Entre los resultados obtenidos se aprecia el alto porcentaje de administradores de fincas con alguna propiedad ocupada en las comunidades que gestionan, mientras que es también destacable el perfil de un okupa profesional, más que el de una familia con dificultades socioeconómicas o vulnerable. Asimismo, llama la atención que entre los encuestados que ejercen en el sur de la isla de Tenerife, el volumen de okupación puede superar el 20 %.

Introducción

El objeto del estudio era conocer la situación de la ocupación Ilegal de viviendas ­-entendida como los moradores que no tienen ningún título de propiedad sobre la finca que ocupan­- en las comunidades administradas por colegiados y colegiadas.

La encuesta fue respondida por 51 administradores de fincas, lo que supone una muestra del 17,34 % de la población objeto de estudio, la cual consideramos bastante representativa.

Conclusiones

  • El 64,71 % de los administradores de fincas tiene alguna propiedad ocupada ilegalmente en las comunidades que gestiona.

 

  • Los administradores que tienen problemas de ocupación ilegal indican que el 69,70 % de las comunidades que administran tiene al menos una propiedad ocupada. Además, el 93,94 % de los encuestados dicen que los inmuebles ocupados suponen entre el 1 y el 4 % del volumen total de inmuebles que administran.

 

  • En algunos casos, entre los encuestados que ejercen en el sur de la isla de Tenerife aseguran que el volumen de ocupación puede superar el 20 %.

 

  • De manera aproximada, podemos decir que el 90,70 % de las propiedades ocupadas son viviendas y el resto, otro tipo de inmuebles, ya sea locales, almacenes, azoteas, etc.

 

  • El 75,76 % de los encuestados indica que los inmuebles están ocupados en menor medida por familias vulnerables. Así como que las familias en riesgo suponen entre el 1 y el 4 % de los inmuebles ocupados en las fincas que administran.

 

  • El 24,24 % de los administradores con okupas afirman que más del 20 % de las propiedades ocupadas lo están por personas relacionadas con actividades delictivas. “Hemos detectado, por tanto, un grupo de okupas que han convertido la ocupación en una manera de vivir, no son vulnerables ni delincuentes, son ocupas ideológicos o de moda o que, simplemente, se aprovechan”.

 

  • El 88 % de los encuestados indica que alguna vez ha tenido destrozos en las zonas comunes de las comunidades que administra causadas por los ocupas.

 

  • El 73 % de los encuestados afirma que han tenido que intervenir, en alguna ocasión, Cuerpos de Seguridad del Estado, por conflictos con los ocupas en las comunidades que administran.

 

  • El 36 % de los encuestados afirma haber sufrido amenazas provenientes de ocupas en el desempeño de su labor profesional.

 

Los resultados de este primer trabajo se trasladarán a las instituciones responsables para acordar medidas que permitan combatir la ocupación ilegal de viviendas y los problemas que genera.

 

 

 

 

 



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