06 / 07 / 2015 El 64% de las comunidades de propietarios en Canarias no pueden acometer obras necesarias

El 4º Estudio sobre Morosidad en las Comunidades de Propietarios revela el porcentaje de comunidades que no pueden asumir derramas y que el impago de los comuneros creció en 2014 un 5,76%, porcentaje que supera la media nacional.

El 64,10 por ciento de las comunidades de propietarios de Canarias presenta dificultades para aprobar derramas, lo que significa que no pueden acometer las obras de rehabilitación o reformas que requiere el inmueble, el porcentaje más alto de todo el país, según revela el 4º Estudio sobre la Morosidad en las Comunidades de Propietarios correspondiente a 2014, elaborado por el Observatorio de las Comunidades de Propietarios.

El informe lo hace suyo el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife en tanto que refleja las dificultades que encuentran como profesionales a la hora de que se aprueben los presupuestos que exige la rehabilitación y obras de mejora de los edificios. Asimismo, comparten la necesidad de adoptar medidas que alivien la presión de los comuneros y permitan una mayor liquidez a las comunidades para afrontar gastos imprescindibles.

El mismo informe recoge que Canarias es una de las comunidades autónomas en que más creció la morosidad en este ámbito en 2014 con respecto al año anterior, con un 5,76% de alza, lo que sitúa a las islas sólo por detrás de Castilla-La Mancha (8,8%), Murcia (8,6%) y Aragón (5,98%). Todas ellas, junto a Cantabria (5,5%), presentan incrementos superiores a la media nacional, que fue del 3,15%. En el extremo contrario, están las comunidades de Galicia (-1,37%), Navarra (-1,33), Asturias (0,56%), Castilla y León (1,07%) y Cataluña 1,18%).

El incremento de la deuda en las comunidades de propietarios en 2014 es superior en la provincia de Las Palmas, del 6,33%, que en la tinerfeña, del 5,12%. En todo caso, el dato en las islas se aleja de los porcentajes de aumento de años anteriores y en concreto al que se registró en 2013 con respecto a 2012, que rozaba el 29% más de morosidad.

La deuda dentro de las comunidades de propietarios en el conjunto de Canarias era hasta el pasado ejercicio de 97,30 millones de euros, una vez sumados los 52,10 millones que presentan las comunidades de la provincia de Las Palmas y los 45,20 millones la de Santa Cruz de Tenerife.

Morosidad bancaria

Mención aparte merece en el estudio la morosidad de las entidades bancarias propietarias de inmuebles, que sube en 2014 con respecto a 2015 de 341, 62 millones a los 445,13 millones en el conjunto del país. Esta deuda de entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas representa el 24% del total de la morosidad de los comuneros.

En el caso de Canarias, la deuda de los bancos con las comunidades de propietarios sumaba el pasado año 23,33 millones de euros.

El informe del Observatorio de la Morosidad de las Comunidades de Propietarios se realiza a partir de los datos recogidos en encuestas directas realizadas a administradores de fincas colegiados y presidentes de comunidades.

El estudio advierte de que cerca del 41% de las comunidades de propietarios en España no puede asumir ningún coste extraordinario relacionado con obras de rehabilitación, por lo que llama la atención sobre la necesidad de subvenciones, créditos bancarios a bajo interés y una mayor colaboración entre las empresas de rehabilitación, los propietarios de los inmuebles y las distintas administraciones públicas.

Según los autores del informe, los sucesivos informes realizados desde 2012 ponen de manifiesto que en las comunidades de propietarios que cuentan con un administrador de fincas colegiado “la gestión de la morosidad mejora sustancialmente” y es un 30% más eficaz.

Por otra parte, el Observatorio distingue la tipología de los morosos en las comunidades: quienes no pueden asumir los recibos de la comunidad por problemas económicos, que por primera vez superan el 50%, y la morosidad de bancos, que se incrementa del 19% al 24% en 2014, así como los morosos profesionales o intencionados que del 35% pasan al 25% en 2014.

A grandes rasgos, la morosidad se divide entre quienes no pueden pagar o tienen dificultades para afrontar los recibos requeridos por la comunidad, que representan el 51% del total, y la que señala a las entidades financieras, sociedades inmobiliarias y morosos profesionales, el 49% restante.