19 / 09 / 2017 El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas firmará dos convenios con el Gobierno de Canarias en materia de Vivienda e Igualdad

El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas (CCCAF), constituido formalmente el pasado 20 de julio, ha emprendido el trabajo en favor de los cerca de 600 colegiados que suma actualmente este órgano de ámbito autonómico. En este sentido, una representación del Consejo ha mantenido ya las primeras reuniones con instituciones del Gobierno de Canarias con el fin de hacer visible y reivindicar el valor de nuestro colectivo profesional en algunas materias que nos atañen en el ámbito de la vivienda. Asimismo, para hacer propuestas que signifiquen liderar proyectos que tienen como objetivo potencial al conjunto de la sociedad.

Así, el Consejo promovió un encuentro con la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, para proponerle una campaña conjunta con los administradores de fincas colegiados de Canarias para la detección y prevención de la violencia de género en las comunidades de propietarios.

En la reunión, que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, la presidenta del Consejo, Rosario Molina; la vicepresidenta, Carmen Suárez, y el secretario, Antonio Guadalupe, tuvieron la oportunidad de presentar a Claudina Morales los objetivos de esta campaña, y los proyectos aprobados hasta la fecha en Galicia y Cantabria, que son la base de la que se desarrollará en Canarias.

Para llevar a cabo la campaña, se firmará próximamente un convenio de colaboración entre el Consejo y el ICI, que incluirá la formación de los administradores de fincas colegiados de las islas por profesionales especializados para poder cumplir mejor el objetivo de esta iniciativa, esto es, que los vecinos sepan cómo detectar y prevenir la violencia de género en su comunidad.

De este modo, corresponderá al Instituto Canario de Igualdad elaborar el material informativo e impartir las jornadas de formación a los colegiados, mientras que el Consejo se compromete a su difusión en las comunidades de propietarios donde haya un administrador de fincas colegiado.

La misma representación del Consejo se reunió unas horas después con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, a petición de esta última. Este otro encuentro sirvió para avanzar en cuanto a la comunicación mutua, que acordamos que ha de ser más fluida, estable y periódica, con al menos tres encuentros anuales. De este modo, se acordó firmar un convenio de colaboración con el que mantenernos informados de la actualidad en vivienda y sobre asuntos que afectan a las comunidades que administramos.

Previamente a este acuerdo, la directora de Vivienda compartió lo inoportuna que fue la convocatoria de las subvenciones a la rehabilitación de viviendas y para la implantación del IEE en pleno mes de agosto, tal y como le expusimos, y admitió que debido a esto no parece que vayan a ser muchas las solicitudes realizadas, unas 200 contabilizadas hasta la fecha en toda Canarias, aunque no contaba con los datos completos.

Por otra parte, María del Pino de León pidió la ayuda del Consejo en cuanto a la gestión de las comunidades del parque público de viviendas en alquiler por administradores de fincas colegiados, y comentó los problemas que plantea el impago de las cuotas y el mantenimiento de los inmuebles.

En este mismo sentido, indicó que el próximo año le gustaría realizar, con el apoyo de los dos colegios, jornadas de formación dirigidas a presidentes de las comunidades de propiedad pública sobre asuntos relativos al alquiler, rehabilitación y el Informe de Evaluación de Edificios (IEE).

Sobre ambas reuniones, sólo nos queda subrayar el acercamiento que supone la nueva línea de comunicación emprendida con estas instituciones y la gran acogida que han tenido las propuestas realizadas por el Consejo, que refuerzan la imagen y profesionalidad de los administradores de fincas colegiados canarios.

Recordar, finalmente, que forman también parte de la junta directiva del Consejo Montserrat Benítez, tesorera, y José Domingo López de Vergara, contador-censor.