15 / 03 / 2019 El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas presenta sus alegaciones al borrador de regulación del alquiler vacacional

El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, que conforman los colegios profesionales de las dos provincias, se reunió el pasado miércoles, 13 de marzo, con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, para debatir las alegaciones presentadas por este colectivo profesional al borrador del Decreto que desarrolla el Reglamento de regulación del alquiler vacacional en Canarias, que les fue entregado recientemente. A estas alegaciones se les dio entrada ese mismo día en el Registro de la Consejería.

El Consejo Canario de administradores de fincas indicó al viceconsejero de Turismo que el objetivo de sus propuestas es defender los derechos que tienen los propietarios sobre su vivienda/s, y que se pueda realizar la actividad de alquiler vacacional sin perjuicio para las partes implicadas (turistas, vecinos y propietarios).

Partiendo de esta premisa, realizaron un análisis minucioso de los distintos artículos del borrador y de sus propuestas de mejora, algunas ya indicadas en textos anteriores.

En concreto, los administradores de fincas colegiados canarios proponen que cuando un propietario quiera dar de alta su vivienda como alquiler vacacional que no sea exclusiva esta actividad, sino que la pueda compaginar con el alquiler de larga temporada, «para no restar unidades a la oferta de vivienda en alquiler en general, y porque todos sabemos que no se alquila el cien por ciento del tiempo, que hay temporadas altas y bajas, que se puede destinar a vivienda de estudiantes por un período, o a profesionales», explicaron. Por otra parte, indicaron que «hay un gran porcentaje de propietarios de vivienda cerrada que quieren incorporarla al alquiler vacacional, pero para que sea rentable y mantenga la vivienda abierta debe tener otras opciones, y poderla dedicar a corta y larga temporada».

En este sentido, consideran que » no existe motivo de fondo que implique la exclusión de la actividad de viviendas vacacionales con las viviendas sujetas a la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Pues la vivienda que cumple con los requisitos de este Decreto también es apta y- si se nos permite la licencia- hasta mejor que muchas de las viviendas que están en alquiler bajo la ley 29/1994.”

Por otra parte, insisten en la propuesta de incorporar al texto el seguro de crédito y caución, «para garantizar las obligaciones económicas mensuales o extraordinarias ante la comunidad de propietarios, así como la posibilidad de que la comunidad de propietarios pueda establecer una cuota especial a las viviendas vacacionales”. Y el derecho de admisión, con el que se trata de resolver de forma inmediata los posibles problemas que podrían causar los turistas. «El propietario tiene que tener el derecho de admisión para casos en que se incumple las bases del contrato, los estatutos de la comunidad o los turistas causan molestias al resto de vecinos, y así poder solicitar la personación de la policía y la expulsión». De forma que, también, «si el propietario no ejercita ese derecho, la comunidad, tras determinados avisos de molestias, pueda obligar a cesar la actividad».

También, y muy importante, en las alegaciones se expresa la negativa a una regulación con estándares (artículo 8), que puede abrir una puerta a la creación de un filtro que permitirá reducir el derecho a la propiedad inmobiliaria para realización de actividad vacacional», y porque ya está regulado en los planes generales y no tendría sentido que los municipios volvieran a regular una actividad que no deja de ser una finca inmobiliaria de uso residencial.

Asimismo, los administradores de fincas colegiados de las islas advierten de que el régimen sancionador que recoge el borrador «es del todo desproporcionado, en función del valor de las propias viviendas y de la actividad económica a la que nos estamos refiriendo».

Tras la reunión, los administradores de fincas de las islas lamentaron que la regulación no pueda ser aprobada antes de las elecciones, y reiteraron que «cuanto antes haya una correcta regulación, mejor para todos».

Precisar que participaron en la reunión los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Canario de Administradores de Fincas Carmen Suárez, Juan Setién, Luis Bittini y Elena Azparren.